Tabla de Aplicabilidad

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Colima
Artículo 30. Conforme lo dispone la Ley General, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, difundir y mantener actualizada la información correspondiente a sus facultades, atribuciones y funciones.
Fracción III. Las facultades de cada área
Fracción IV. Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos
Fracción V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones deban establecer, así como los que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados
Fracción IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
Fracción X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza
Fracción XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios
Fracción XII. La versión pública de la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración de impuestos de las personas servidoras públicas en los términos señalados en las leyes.
Fracción XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos.
Fracción XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio (1).
Fracción XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición.
Fracción XIX. Los servicios y trámites que ofrecen, incluyendo sus requisitos, en los sistemas habilitados para ello, de conformidad con las disposiciones jurídicos aplicables.
Fracción XXI.La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable.
Fracción XXII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, concepto o campaña y fecha de inicio y de término.
Fracción XXXI. Padrón de proveedores y contratistas.
Fracción XXXII. Los convenios de coordinación y de concertación con los sectores social y privado.
Fracción XXXIV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención.
Fracción XXXV. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, en que sea parte el sujeto obligado.
Fracción XXXVII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos.
Fracción XXXVIII. La integración del Comité de Transparencia, así como sus actas y resoluciones.
Fracción XXXIX. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos
Fracción XL. Estudios financiados con recursos públicos
Fracción XLI. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; (1)
Fracción XLIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; (1)
Fracción XLIV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental
Fracción XLV. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos
Fracción XLVI. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente (1).

Nota informativa

(1) No aplica. Esta obligación de transparencia no resulta aplicable al Instituto Electoral del Estado, conforme a la reforma constitucional de 2014.


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